Las regulaciones técnicas que abarcan un proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación se denominan NOM. Son siglas de los reglamentos técnicos que incluyen información, requisitos, especificaciones, procedimientos, atributos, lineamientos, características y prescripciones aplicables a un producto. Junto con las que versan sobre lenguaje, simbología, empaque, marcado o etiquetado, así como las que discuten su aplicación o cumplimiento en materia de control y promoción sanitaria que son obligatorias para los bienes y servicios que se promueven en el territorio nacional.
En otras palabras, las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son instrumentos que las distintas dependencias gubernamentales utilizan para establecer límites evaluables para prevenir riesgos al público, a los animales y al medio ambiente, reduciendo así el consumo de energía y sus efectos negativos en el medio ambiente. Además, funciona como parámetro de medición para agua, refrescos, gasolina, etcétera.
¿Para qué sirven?
En una NOM se establecen las definiciones generales de los productos, servicios y procesos, las normas que deben cumplir, los procedimientos de prueba para asegurar su conformidad y las autoridades responsables. Dado que las NOM serían inútiles si no se hicieran cumplir, esto último es más pertinente.
Es responsabilidad del gobierno reconocer los peligros, evaluarlos y emitir NOM para mitigarlos. Pero en el proceso también participan otros expertos con el mismo peso normativo, como los de asociaciones profesionales, cámaras industriales o la academia.
Los Comités Técnicos integrados por representantes de diversos sectores interesados elaboran las NOM. Estos sectores incluyen a las dependencias gubernamentales competentes, producción, comercialización, fabricantes, exportadores, académicos y consumidores, dependiendo de la materia. Además, las NOM incluyen una fecha de entrada en vigor que se indica en el Diario Oficial de la Federación.
¿Quiénes las verifican y revisan?
Se establecen organizaciones civiles independientes denominadas Unidades de Verificación con personas o empresas aprobadas por un comité técnico y administrativo dependiente del Ministerio de Economía u otro organismo con el fin de examinar el cumplimiento o la conformidad. El cliente puede presentar una reclamación ante la organización que avala al verificador, que debe evaluar el proceso, si éste se niega a expedir el certificado por cualquier motivo. A continuación, tiene la facultad de obligar al verificador de certificados a confirmar la denegación del certificado o a concederlo.
La Secretaría de Economía u otro organismo competente regula y estandariza las tarifas por los servicios de un verificador y del laboratorio certificador. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que verifica productos y servicios, es un ejemplo de norma comercial. Realiza visitas para verificar el cumplimiento de las NOM a través de su Subprocuraduría de Verificación, y a quienes no cumplen, les aplica sanciones o clausuras.
